Espagne: Décision judiciaire du Tribunal 82/1986

- "Es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados." (SSTC 82/1986 y 46/1991).

- "El castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español." (SSTC 82/1986 y 46/1991).

- "Sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen." (SSTC 82/86 y 84/86).

- "El deber de los españoles de conocer el castellano hace suponer que ese conocimiento existe en la realidad, pero tal presunción puede quedar desvirtuada cuando el detenido o preso alega verosímilmente su ignorancia o conocimiento insuficiente o esta circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de las actuaciones policiales. Consecuencia de lo expuesto es que el derecho de toda persona, extranjera o española, que desconozca el castellano, a usar intérprete en sus declaraciones ante la policía, deriva, como se ha dicho, directamente de la Constitución y no exige para su ejercicio una configuración legislativa, aunque esta pueda ser conveniente para su mayor eficacia." (STC 74/1987).

- "La cooficialidad de las demás lenguas españolas lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración Central y de otras instituciones estatales en sentido estricto". "En los territorios dotados de un estatuto de cooficialidad lingüística el uso de los particulares de cualquier lengua oficial tiene efectivamente plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía." (SSTC 82/1986 y 123/1988).

- "No existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua cooficial." (STC 84/1986).

- "La instauración por el art. 3.2 de la Constitución de la cooficialidad de las respectivas lenguas españolas en determinadas Comunidades Autónomas tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas Comunidades, y en primer término el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración en la Comunidad respectiva con plena eficacia jurídica." (STC 82/1986).

- "Nada se opone a que los poderes públicos prescriban, en el ámbito de sus respectivas competencias, el conocimiento de ambas lenguas para acceder a determinadas plazas de funcionario o que, en general, se considere como un mérito entre otros el nivel de conocimiento de las mismas." (STC 82/86).

- "La exigencia del bilingüismo ha de llevarse a cabo con un criterio de racionalidad y proporcionalidad, desde la perspectiva de lo dispuesto en los artículos 23.1, 139.1 y 149.1.1º de la Constitución." (STC 82/86).

- "El régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales" "Los poderes públicos deben garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia el derecho de todos a no ser discriminados por el uso de una de lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma." (STC 337/1994).

- "Corresponde a los poderes públicos competentes, en atención a los objetivos de la normalización lingüística y a los propios objetivos de la educación, organizar la enseñanza que debe recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades." (STC 337/1994).

- «Une langue est officielle, indépendamment de sa réalité et de son poids comme phénomène social, lorsqu'elle est reconnue par les pouvoirs publics comme un moyen normal de communication entre eux et dans leurs relations avec les particuliers.» (SSTC 82/1986 et 46/1991).

- «Le castillan est un moyen de communication normal de la part des pouvoirs publics et avant eux dans l'ensemble de l'État espagnol.» (SSTC 82/1986 et 46/1991).

- «Seul le castillan est reconnu constitutionnellement comme une obligation individuelle de connaître, et avec lui la présomption que tous les Espagnols le connaissent.» (SSTC 82/86 et 84/86).

- «L'obligation des Espagnols de connaître le castillan laisse supposer que cette connaissance existe dans la réalité, mais cette présomption peut être faussée lorsque le détenu ou le prisonnier allègue vraisemblablement son ignorance ou sa connaissance insuffisante, ou cette circonstance est mise en évidence au cours d'une procédure policière. En conséquence, le droit de toute personne, qu'elle soit étrangère ou espagnole, qui ignorerait le castillan, de recourir à un interprète dans ses déclarations devant la police, découle, comme il a été dit, directement de la Constitution; et ce droit n'exige pas pour son exercice un aménagement législatif, bien que ce dernier puisse être souhaitable en terme d'efficacité.» (STC 74/1987).

- «La co-officialité des autres langues espagnoles est réelle en ce qui concerne tous les pouvoirs publics installés dans le territoire autonome, sans exclure les organismes sous la juridiction de l'Administration centrale et des autres institutions de l'État au sens strict. [...] Dans les territoires dotés d'un statut de co-officialité linguistique, l'utilisation de la part des particuliers de toute langue officielle a effectivement pleine valeur juridique dans les relations qu'ils entretiennent avec un pouvoir public installé dans ce territoire, car c'est le droit des individus d'utiliser une langue officielle comme un droit fondé sur la Constitution et le Statut d'autonomie respectif.» (SSTC 82/1986 et 123/1988).

- «Il n'existe pas une obligation constitutionnelle de connaître une langue co-officielle.» (STC 84/1986).

- «La mise en place par l'article 3.2 de la Constitution de la co-officialité des langues espagnoles respectives dans certaines Communautés autonomes a des conséquences pour tous les pouvoirs publics dans ces Communautés et, en premier lieu, le droit des citoyens d'utiliser chacune des deux langues devant toute administration dans leur Communauté respective avec une pleine efficacité juridique.» (STC 82/1986).

- «Rien ne s'oppose à ce que les pouvoirs publics prescrivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, la connaissance des deux langues (castillan et euskera, dans ce cas) pour accéder à certains postes de fonctionnaire ou qui, en général, soient considérés au mérite, entre autres, le niveau de connaissance de ces langues.» (STC 82/86).

- «L'exigence du bilinguisme a entraîné avec elle un critère de rationalité et de proportionnalité dans la perspective des dispositions des articles 23.1, 139.1 et 149.1.1º de la Constitution.» (STC 82/86).

- «Le régime de co-officialité linguistique énoncé dans la Constitution et les Statuts d'autonomie présuppose non seulement la coexistence, mais aussi la coexistence des deux langues co-officielles [...]. Les pouvoirs publics doivent garantir, dans leurs domaines respectifs de compétence le droit de ne pas être discriminés par l'emploi de l'une des langues officielles dans la Communauté autonome.» (STC 337/1994).

- «Il revient aux pouvoirs publics compétents, aux fins des objectifs de normalisation linguistique et aux objectifs propres en éducation, d'organiser l'enseignement dispensé en l'une ou l'autre langue en rapport avec les différents domaines de la connaissance obligatoire dans les différents niveaux d'enseignement pour atteindre un résultat relatif à ces objectifs.» (STC 337/1994).

RÉSUMÉ DE L'ARRÊT 82/1996

1. La Constitución de 1978 reconoce la realidad plurilingüe de la Nación Española y, viendo en ella un valor cultural no sólo asumible, sino también digno de ser promovido, obtiene de dicha realidad una serie de consecuencias jurídicas en orden a la posible atribución de carácter oficial a las diversas lenguas españolas, a la protección efectiva de todas ellas y a la configuración de derechos y deberes individuales en materia lingüística.

2. El art. 3.1 y 2 de la Constitución y, en virtud de la remisión que hace este último precepto, los artículos correspondientes de los respectivos Estatutos de Autonomía son la base de la regulación del pluralismo lingüístico en cuanto a su incidencia en el plano de la oficialidad en el ordenamiento constitucional español.

3. La regulación que la Constitución hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos, y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos (sin perjuicio de que, en ámbitos específicos, como el procesal, y a efectos concretos, como evitar la indefensión, las Leyes y Tratados internacionales permitan también la utilización de lenguas no oficiales para los que desconozcan las oficiales).

4. Lo anterior implica que el castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español. Al añadir el art. 3.2 de la C.E. que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, se sigue que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales en sentido estricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del castellano y de la cooficialidad de otras lenguas españolas el territorio, independientemente del carácter estatal (en sentido estricto), autonómico o local de los distintos poderes públicos.

5. Sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento y, con él, la presunción de que todos los españoles lo conocen.

6. En los territorios dotados de un estatuto de cooficialidad lingüística, el uso por los particulares de cualquier lengua oficial tiene efectivamente plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en la Constitución y en el respectivo Estatuto de Autonomía.

7. En virtud de las competencias asignadas por el art. 149.1.1.ª, el Estado puede regular, si lo considera oportuno, las garantías básicas de la igualdad en el uso del castellano como lengua oficial ante todos los poderes públicos, así como las garantías del cumplimiento del deber de conocimiento del castellano, entre las que se halla la obligatoriedad de la enseñanza en este idioma, a que este Tribunal se refirió en su Sentencia 6/1982. Pero no cabe entender que este título competencial habilite al Estado para regular con carácter general, siquiera en sus aspectos básicos, la cooficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano y su consiguiente utilización por los poderes públicos o el derecho al uso de las otras lenguas españolas oficiales por los particulares.

La competencia que al Estado otorga el mencionado art. 149.1.1.ª de la C.E. no se opone a la que para las Comunidades Autónomas se deriva del art. 3.2 de la C.E. y de sus respectivos Estatutos de Autonomía y, en concreto, para el País Vasco, del juego entre el art. 3.2 de la C.E. y los núms. 1 y 2 del art. 6 de su Estatuto.

8. La Comunidad Autónoma puede determinar el alcance de la cooficialidad, que se deriva inmediatamente de la Constitución y de su Estatuto de Autonomía y es inherente al concepto de aquélla, correspondiendo a la Administración estatal la ordenación concreta de la puesta en práctica de aquella regulación legal en cuanto afecte a órganos propios. La instauración por el art. 3.2 de la C.E. de la cooficialidad de las respectivas lenguas españolas en determinadas Comunidades Autónomas tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas Comunidades, y en primer termino el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier Administración en la Comunidad respectiva con plena eficacia jurídica.

9. Nada se opone a que los poderes públicos prescriban, en el ámbito de sus respectivas competencias, el conocimiento de ambas lenguas (castellano y euskera, en este caso) para acceder a determinadas plazas de funcionario o que, en general, se considere como un mérito entre otros el nivel de conocimiento de las mismas: bien entendido, que todo ello ha de hacerse dentro del necesario respeto a lo dispuesto en los arts. 14 y 23 de la C.E. y sin que en la aplicación del precepto legal en cuestión se produzca discriminación. En definitiva, el empleo del euskera implica la provisión de los medios necesarios y, entre ellos, la presencia de personal vascoparlante, tanto en la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco como en la periférica del Estado.

1. La Constitution de 1978 reconnaît la réalité multilingue de la nation espagnole et, en voyant en elle une valeur culturelle non seulement assumée, mais aussi digne d'être promue, elle conserve de cette réalité une série de conséquences juridiques quant à l'éventuelle attribution du statut officiel aux diverses langues espagnoles, la protection effective de de toutes ces langues, et la formulation des droits et obligations individuels en matière linguistique.

2. L'article 3.1 et 3.2 de la Constitution et, en vertu du renvoi qui rend ce dernier précepte, les articles correspondants aux Statuts d'autonomie respectifs constituent la base de la réglementation sur le pluralisme linguistique quant à son incidence au plan du statut officiel dans l'ordre constitutionnel espagnol.

3. Le règlement que la Constitution fait de la matière permet d'affirmer qu'une langue est officielle, indépendamment de sa réalité et de son poids comme phénomène social, lorsqu'elle est reconnue par les pouvoirs publics comme un moyen normal de communication entre eux et dans leurs relations avec les particuliers, avec une pleine validité et effets juridiques, avec une pleine validité et effets juridiques (sans préjudice que, dans des domaines spécifiques comme la procédure, et à des fins spécifiques comme le manque de défense, les lois et les traités internationaux permettent aussi l'usage des langues non officielles pour ceux qui ne connaissent pas les langues officielles).

4. Ces faits impliquent que le castillan est un moyen de communication normal de la part des pouvoirs publics et avant eux dans l'ensemble de l'État espagnol. En ajoutant l'article 3.2 de la Constitution du fait que les autres langues espagnoles sont aussi officielles dans les Communautés autonomes respectives, il s'ensuit que la co-officialité conséquente l'est en ce qui concerne tous les pouvoirs publics situés dans le territoire autonome, sans exclure les organismes dépendants de l'Administration centrale et d'autres institutions de l'État au sens strict où par conséquent le critère limitatif du caractère officiel du castillan et de la co-officialité des autres langues espagnoles sur le territoire, indépendamment du caractère d'État (au sens strict), autonome ou local, des différents pouvoirs publics.

5. Seul le castillan est reconnu constitutionnellement comme une obligation personnelle d'être connu et, avec lui, la présomption que tous les Espagnols le connaissent.

6. Dans les territoires dotés d'un statut de co-officialité linguistique, l'utilisation par les particuliers d'une langue officielle vise effectivement une pleine validité juridique dans les communications maintenues avec tout pouvoir public situé dans ce territoire, car c'est le droit des individus d'utiliser une langue officielle comme un droit fondé sur la Constitution et le Statut d'autonomie.

7. En vertu des compétences attribuées par l'article 149.1.1.ª, l'État peut réglementer, s'il le juge opportun, les garanties fondamentales de l'égalité dans l'utilisation du castillan comme langue officielle auprès de tous les pouvoirs publics, ainsi que les garanties du respect de l'obligation de connaître le castillan, entre lesquelles se trouve le caractère obligatoire de l'enseignement dans cette langue, que la Cour a évoqué dans son arrêt 6/1982. Mais il ne convient pas de comprendre que ce titre de compétence habilite l'État à réglementer de façon générale, même dans ses aspects fondamentaux, la co-officialité des différentes langues espagnoles et du castillan ainsi que leur utilisation subséquent par les pouvoirs publics ou le droit à l'usage des autres langues espagnoles officielles par des particuliers.

La compétence que l'État accorde à l'article visé 149.1.1.ª de la Constitution ne s'oppose pas à celle qu'opposent les Communautés autonomes dérivant de l'article 3.2 de la Constitution et de ses Statuts d'autonomie respectifs et en particulier pour le Pays basque, de l'interprétation entre l'article 3.2 la Constitution et les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de son Statut.

8. La Communauté autonome peut déterminer la portée de la co-officialité qui découle directement de la Constitution et de son Statut d'autonomie et qui est inhérente au concept de celle-ci, dont revient à l'Administration de l'État la gestion concrète de la mise en pratique de cette réglementation juridique dès qu'elle concerne ses propres organismes. L'instauration par l'art. 3.2 de la Constitution de la co-officialité des langues espagnoles respectives dans certaines Communautés autonomes a des conséquences pour tous les pouvoirs publics dans ces Communautés et, dans premier temps, le droit des citoyens d'utiliser chacune des deux langues devant toute administration de la Communauté concernée avec une pleine efficacité juridique.

9. Rien ne s'oppose à ce que les pouvoirs publics prescrivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, la connaissance des deux langues (castillan et euskera, dans ce cas) pour accéder à certains postes de fonctionnaire ou qui, en général, soient considérés au mérite, entre autres, le niveau de connaissance de ces langues : bien entendu, tout cela doit se faire dans le respect nécessaire des dispositions des articles 14 et 23 de la Constitution et sans que l'application des prescriptions juridiques en question produise de la discrimination. En définitive, l'emploi de l'euskara implique la mise en œuvre de moyens nécessaires et, parmi ceux-ci, la présence de personnel bascophone, tant dans l'administration de la Communauté autonome du Pays basque que dans l'administration périphérique de l'État.

Décision judiciaire du Tribunal constitutionnel
no 82/1998 du 26 juin

Sentencia Tribunal Constitucional
número 82/1986, de 26 junio

Décision judiciaire du Tribunal constitutionnel no 82/1998 du 26 juin

Sentencia Tribunal Constitucional número 82/1986, de 26 junio

Décision judiciaire du Tribunal constitutionnel
no 82/1998 du 26 juin

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número 82/1986, de 26 junio