EXPOSICION DE MOTIVOS

Para establecer que el español y el inglés serán los idiomas oficiales del Gobierno de Puerto Rico, y que ambos se podrán utilizar indistintamente; y para derogar la Ley Núm. 4 de 5 de abril de 1991

En 1898 se estableció mediante la Orden General Núm. 192 del Cuartel General del Ejército, Despacho del Ayudante General, en Washington, D.C., que el idioma oficial a utilizarse en el Gobierno de Puerto Rico sería el inglés. El 21 de febrero de 1902 se aprobó una ley, que autorizó a emplear indistintamente, los idiomas español e inglés en el Gobierno de Puerto Rico.

Ochenta y nueve años más tarde, la Ley Núm. 4 de 5 de abril de 1991 declaró el español como idioma oficial de Puerto Rico para usarse en el trámite de los asuntos oficiales de todos los departamentos, municipios u otras subdivisiones políticas, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Según la exposición de motivos de esa ley, el propósito de la misma es reafirmar nuestra condición histórica de pueblo hispanoparlante, a la vez que expresa el compromiso de adquirir el pleno dominio del inglés como segundo idioma, sin rendir ni su lengua ni su cultura.

El preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa, entre otras cosas, que "consideramos como factores determinantes en nuestras vidas la ciudadanía de los Estados Unidos de América, la lealtad a los postulados de la Constitución Federal; (y) la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano...". El Pueblo de Puerto Rico, además, ha manifestado una y otra vez a todo lo largo del siglo XX su voluntad de mantener y fortalecer su relación con los Estados Unidos de Norteamérica. El progreso político, económico y social del Pueblo de Puerto Rico está íntimamente ligado al propósito de que tanto el idioma español como el inglés sean los idiomas oficiales en esta jurisdicción.

La Ley Núm. 4 de 5 de abril de 1991 no ha llenado las expectativas del Puerto Rico de hoy que aspira a participar activamente en las iniciativas de desarrollo en la Cuenca del Caribe, Latinoamérica, Norteamérica y a nivel internacional. Se necesitan vehículos prácticos para que el Gobierno de Puerto Rico pueda continuar comunicándose en forma efectiva con su propio pueblo y el mundo exterior. El inglés constituye el idioma que más frecuentemente se utiliza para llevar a cabo las comunicaciones internacionales hoy día. Por razones históricas, nuestro Pueblo ha venido utilizando indistintamente el español y el inglés por más de nueve décadas sin que ello haya significado que hemos postergado o abdicado nuestro vernáculo, el idioma español, ni que hayamos rendido nuestra lengua ni nuestra cultura. Por el contrario, nuestros ciudadanos se encuentran en la posición privilegiada de haber estado expuestos y tenido la oportunidad de aprender y hablar dos idiomas importantes.

Tanto el español como el inglés pueden convivir como lo han hecho hasta ahora en armonía y conforme a las necesidades del pueblo puertorriqueño, sin que uno desvalorice al otro.

Nada de lo expresado en esta ley significa un retroceso linguístico o una imposición cultural al Pueblo de Puerto Rico. Cualquier referencia a un intento de asimilación cultural es cosa del pasado. El propósito de esta medida es corregir los efectos adversos y los contratiempos de naturaleza práctica creados por la Ley Núm. 4 de 5 de abril de 1991, al declarar y establecer que el español e inglés serán idiomas oficiales a usarse indistintamente en todos los departamentos, municipios, u otras subdivisiones políticas, agencias, oficinas y dependencias gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En esta forma se hace justicia y se valida una realidad existente en nuestra sociedad desde hace aproximadamente un siglo.

A propósito de despejar dudas sobre la intención legislativa referente a esta medida reiteramos lo siguiente:

Esta medida permite utilizar el inglés nuevamente en gestiones de Gobierno en Puerto Rico. Como norma general, el uso del inglés en diligencias gubernamentales se proscribió aquí en 1991, cuando se legisló para darle categoría de idioma oficial sólo al español. Hasta ese momento, el inglés también había sido idioma oficial en Puerto Rico. En resumen, con la aprobación de esta medida restablecemos, sin quitar ni añadir nada, la situación jurídica que existía en Puerto Rico con anterioridad a la aprobación de la ley de 1991.

A través de esta medida, la Asamblea Legislativa no pretende establecer, por fiat legislativo, una condición de bilinguismo, extraña a la realidad cotidiana del pueblo puertorriqueño. Nos limitamos a reconocer otra realidad: que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, cada vez más estrecha en lo político y lo económico, lo mismo que la aspiración a perpetuar esa relación expresada en las urnas por los votantes de los dos partidos principales — que congregan más del 90 por ciento del electorado — multiplica las instancias en que es preciso que nuestro gobierno reciba y conteste comunicaciones en inglés y tramite asuntos oficiales en ese mismo idioma. Proscribir el uso del inglés, por puro fiat legislativo, como se hizo en 1991, entorpece y encarece el funcionamiento de nuestro gobierno innecesaria e injustificadamente.

Ninguna disposición de esta medida da amparo o valida la infundamentada especulación de que, al aprobarla, la Asamblea Legislativa estaría abriendo puertas a que pueda utilizarse un lenguaje que no sea el español como vehículo de enseñanza en las escuelas públicas de Puerto Rico. Este proyecto de ley no deroga, ni cambia, ni enmienda el Artículo 1.02 de la Ley Orgánica del Departamento de Educación — Ley 68 de 28 de agosto de 1991— que, en lo pertinente establece "que la educación se impartirá en el idioma vernáculo, el español. Se enseñará el inglés como segundo idioma". Reiteramos aquí la política pública a esos efectos.

Ninguna disposición de este proyecto de ley da amparo a la infundamentada especulación de que, al aprobar el mismo, la Asamblea Legislativa estaría autorizando o validando el uso de un idioma distinto al español en procedimientos judiciales en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La cuestión del idioma judicial fue resuelto por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Pueblo vs Tribunal Superior(1965) y lo establecido allí no sufre cambio alguno con la aprobación de esta medida. La misma tampoco altera la Regla 8.5 de Procedimiento Civil a efecto de que "las alegaciones, solicitudes y mociones deberán formularse en español" en los Tribunales de Puerto Rico.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Quatre-vingt-neuf ans plus tard, la loi n^o 4 du 5 avril 1991 déclara l'espagnol langue officielle de tous les départements, municipalités ou autres sous-divisions politiques, agences, corporations publiques, services relevant de l'Exécutif, du législatif et du judiciaire de l'État libre et associé de Porto Rico. Selon l'exposé des motifs de la loi, celle-ci visait à réaffirmer notre statut historique comme peuple de langue espagnole tout en insistant sur le compromis réalisé, à savoir que la loi ne piétine pas le principe de l'acquisition de la maîtrise totale de l'anglais comme seconde langue et que cela entraîne en quoi que ce soit l'abandon de la langue et de la culture espagnoles.

Le préambule de la Constitution de l'État libre et associé de Porto Rico déclare notamment que «dans notre vie sont considérés comme des facteurs déterminants la citoyenneté des États-Unis d'Amérique, la loyauté aux principes arrêtés dans la Constitution fédérale et la cohabitation à Porto Rico des deux grandes cultures du continent américain [...]». Par ailleurs, tout au long du XX^e siècle, Porto Rico a manifesté plus d'une fois sa volonté de maintenir et de renforcer ses relations avec les États-Unis d'Amérique. Le progrès politique, économique et social du peuple de Porto Rico est étroitement lié à l'objectif de faire de l'espagnol et de l'anglais les langues officielles dans cette juridiction. 

La loi no 4 du 5 avril 1991 n'a pas répondu aux attentes du Porto Rico d'aujourd'hui, qui aspire à participer activement aux projets de développement dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Amérique du Nord ainsi qu'au niveau international. Il est nécessaire de disposer d'instruments pratiques afin que le gouvernement de Porto Rico puisse continuer à communiquer avec son propre peuple et le monde extérieur de façon effective. L'anglais est aujourd'hui la langue la plus utilisée pour les communications internationales. Pour des raisons historiques, notre peuple a, pendant plus de neuf décennies, eu recours indistinctement à l'espagnol et à l'anglais, sans que cela ait entraîné la négligence ou l'abandon de notre langue vernaculaire, l'espagnol, ni ait signifié une reddition de notre langue et de notre culture. Au contraire, nos concitoyens se trouvent dans la situation privilégiée d'être en contact avec deux langues importantes.

Tant l'espagnol que l'anglais, ces langues pourront, comme elles l'ont fait jusqu'à maintenant, cohabiter en harmonie et conformément aux besoins du peuple portoricain, sans que de cela résulte une dévalorisation de l'une des deux.

Rien dans ce qui est précisé dans la présente loi ne signifie un recul linguistique ou une imposition culturelle au peuple de Porto Rico. Toute référence à une tentative d'assimilation culturelle est chose du passé. L'objectif de cette mesure est de corriger les effets défavorables et les contretemps de nature pratique créés par la loi no 4 du 5 avril 1991, en déclarant et et établissant que l'espagnol et l'anglais sont les langues officielles à utiliser indistinctement dans tous les départements, toutes les municipalités ou toute autre subdivisions politiques, les agences, les bureaux et les dépendances gouvernementales des services exécutifs, législatifs et judiciaires de l'État libre associé de Porto Rico. De cette manière, la justice se fait et devient une réalité existante dans notre société depuis approximativement un siècle.

Afin de dissiper tout doute sur l'intention législative relative à cette mesure, nous réitérons ce qui suit :

Cette mesure permet d'utiliser l'anglais de nouveau dans la gestion du gouvernement de Porto Rico. En règle générale, l'usage de l'anglais dans les procédures gouvernementales a été interdite ici en 1991, quand il a été légiféré pour donner le statut de langue officielle uniquement à l'espagnol. Jusqu'à ce moment, l'anglais avait été aussi une langue officielle à Porto Rico. En résumé, avec l'approbation de cette mesure, nous rétablissons, sans rien supprimer ni ajouter quoi que ce soit, la situation juridique qui existait à Porto Rico avant l'adoption de la loi de 1991.

À travers la présente mesure, l'Assemblée législative ne prétend pas établir, par adoption législative, une situation de bilinguisme étrangère à la réalité quotidienne du peuple portoricain. Nous nous limitons à reconnaître une autre réalité : que la relation de Porto Rico avec les États-Unis, chaque fois plus rétrécie dans le secteur politique et le secteur économique, la même que l'aspiration à perpétuer cette relation exprimée dans les urnes par les électeurs des deux partis principaux — qui réunissent plus de 90 % de l'électorat — qui multiplie les instances dans lesquelles il est nécessaire que notre gouvernement reçoive et réponde à des communications en anglais et s'occupe des affaires officielles dans cette même langue. Proscrire l'usage de l'anglais, par pure adoption législative, comme cela a été fait en 1991, paralyse et augmente de façon inutile et injustifiée le coût de fonctionnement de notre gouvernement.

Aucune disposition du présent projet de loi n'assure une protection valable à la spéculation non fondée dont, en adoptant ce dernier, l'Assemblée législative est autorisée ou validée à utiliser une langue distincte de l'espagnol dans la procédure judiciaire des tribunaux de l'État libre associé de Porto Rico.  La question de la langue judiciaire a été résolue par notre Tribunal suprême dans l'affaire du Peuple c. le Tribunal supérieur (1965) et ce qui a été arrêté ne peut souffrir aucun changement avec l'adoption de la présente mesure. Cette dernière n'altère pas non plus le règlement 8.5 relatif à la Procédure civile à l'effet que «les plaidoiries, requêtes et motions doivent être formulées en espagnol» dans les tribunaux de Porto Rico.