Costa Rica: Loi sur le développement autonome des peuples indigènes (1998)

Artículo 4.

Para los efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:

a) Pueblos indígenas: Las comunidades indígenas pertenecientes a una misma cultura, donde se practican las mismas tradiciones y costumbres o se hablan los mismos idiomas. Estas comunidades mantienen continuidad histórica con las sociedades anteriores a la Colonia, y están determinadas a preservarla, desarrollarla y transmitírsela a las futuras generaciones, en sus territorios ancestrales, con base en su existencia continua como pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales. Los pueblos indígenas son: los cabécares, bribrís, bruncas (o borucas), térrabas, guaymíes, huetares (o pacacuas), guatusos (malekus) y chorotegas, y cada uno definirá, en forma autónoma, a quién consideran indígena.

b) Comunidad indígena: población asentada dentro de un territorio, creada por la ley o por decreto ejecutivo. Cada comunidad indígena representará al respectivo territorio.

c) Territorios indígenas: áreas geográficas utilizadas u ocupadas tradicionalmente por los pueblos indígenas descritos en los decretos vigentes, a saber: Conté Burica, Guaymí de Coto Brus, Cabécar de Bajo Chirripó, Cabécar de Talamanca, Quitirrisí de Mora, Salitre de Buenos Aires, Cabécar de Tayní, Cabécar de Telire, Matambú, Këkölde de Talamanca, Cabagra de Buenos Aires, Malekus, Guaymí de Abrojo Montezuma, Guaymí de Osa, Boruca de Buenos Aires, Talamanca Bribrí, Cabécar de Chirripó, Zapatón de Puriscal, Curré de Buenos Aires y Nairi Awari de Pacuarito, sin detrimento de las que en el futuro, por ley o por decreto ejecutivo, se creen más territorios indígenas.

d) Consejo directivo del territorio: entidad representativa de las comunidades jurídicas indígenas, con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Será elegida por los indígenas habitantes de cada territorio, conforme a los términos de esta ley. Los pueblos indígenas podrán crear en su territorio cualquier tipo de organización que estimen conveniente para desarrollar sus funciones; además podrán regirse por el derecho consuetudinario u otra forma de organización incluida en la legislación vigente.

e) Instituto Nacional Indígena: ente coordinador de los consejos directivos de los territorios indígenas y de todos los territorios indígenas.

Artículo 5.

1) Las comunidades indígenas ejercerán el derecho de propiedad sobre todo su territorio, el cual deberá ser inscrito, a nombre del Consejo, en el Registro Público de la Propiedad. Las tierras indígenas serán inalienables, inembargables, imprescriptibles e intransferibles a personas no indígenas y serán habitadas exclusivamente por los pueblos indígenas.

2) Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) levantará los planos catastrales, cuando sea necesario, y asesorará a los consejos indígenas para mantener actualizado el registro de la tenencia de tierras en territorios indígenas.

3) Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre los sitios de carácter ceremonial, espiritual y de interés cultural o medicinal de estos pueblos, por lo cual el Estado no podrá modificarlos sin el consentimiento previo del Consejo directivo del territorio.

4) Solo los indígenas podrán extraer frutos o productos de sus territorios, siempre que respeten el medio ambiente y cumplan con el ordenamiento establecido para ello vía reglamento.

Artículo 6.

Si el Consejo directivo del territorio constata una situación de nulidad en relación con un derecho de posesión, por estar determinada así en la ley, en cumplimiento de sus atribuciones, diligenciará cualquier acción tendiente a no reconocerles tal derecho de posesión a personas físicas ni jurídicas.

Artículo 7.

Para conservar el patrimonio arqueológico, quedan prohibidas la búsqueda y la extracción de huacas en los cementerios indígenas, en lugares declarados sagrados por el Consejo Directivo de cada territorio indígena. De esta disposición se exceptúan las exploraciones científicas autorizadas por instituciones oficiales. En todo caso, estas necesitarán la autorización de la comunidad indígena. La violación de lo aquí dispuesto será sancionada con las penas referidas en los artículos 206 y 207 del Código Penal.

Artículo 8.

1) Las instituciones del Estado y los particulares, deberán respetar las normas y costumbres indígenas, dentro y fuera de cada territorio. Los proyectos de desarrollo que se ejecuten dentro de los territorios indígenas deberán ser manejados en forma sostenible.

2) Antes de definir sobre la posibilidad de iniciar un proyecto de desarrollo dentro del territorio indígena, el Consejo directivo del territorio, deberá consultar a quienes lo habitan. Previo al desarrollo de la consulta interna, los interesados deberán presentar, al citado Consejo o la entidad del territorio que este designe, los estudios requeridos por la legislación correspondiente.

3) Cumplido este trámite, se organizará en la comunidad el proceso de consulta interna, siguiendo el procedimiento reglamentado que establezca el Consejo, en el cual deberá asegurar la participación de los habitantes indígenas del territorio y el derecho de información.

4) El Consejo Directivo del Territorio no podrá aprobar ningún proyecto que afecte la sostenibilidad ambiental, la salud o la cultura de los habitantes del territorio. La violación de esta norma acarreará, para las personas involucradas, la nulidad absoluta del acto y las responsabilidades correspondientes.

Artículo 20.

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud coordinarán, con el Consejo Directivo de cada Territorio, la asignación de recursos para sus programas. Estos programas deberán:

a) Capacitar periódicamente al personal asignado, tanto en medicina curativa como preventiva, para la atención adecuada de las necesidades de salud de los pueblos indígenas. Las medidas preventivas serán prioritarias para la salud en general de los territorios indígenas.

b) Facilitar el acceso de los indígenas a los sistemas de capacitación en ciencias y técnicas de la salud. En igualdad de condiciones, a los indígenas originarios se les dará prioridad en las plazas de los servicios de salud en los territorios indígenas donde estén asentados los optantes, para que cumplan el requisito de hablar el idioma indígena de la región.

[...]

Artículo 21

1) El Departamento de Educación Indígena del Ministerio de Educación Pública será una dependencia encargada exclusivamente de atender la educación indígena, en cuanto a la promoción del mejoramiento de la calidad de la educación en los territorios indígenas; para ello, deberá basar el contenido de sus acciones en la historia, el medio ambiente, la cultura y el idioma indígenas.

2) La Dirección de este Departamento recaerá, obligatoriamente por derecho, en un profesional indígena idóneo para el cargo, quien será escogido de una terna presentada al Ministerio de Educación por el Consejo directivo de cada territorio. Utilizando el mismo procedimiento, el Poder Ejecutivo nombrará a un integrante más en el Consejo Superior de Educación, para que vele por la adopción de las reformas curriculares adecuadas, a fin de proporcionar a los educandos de los pueblos indígenas, una formación que fomente su participación plena en la comunidad propia y la comunidad nacional.

3) Además, el Departamento de Educación Indígena será responsable de capacitar y formar a los docentes, líderes comunales y padres de familia.

4) En el presupuesto anual, el Ministerio de Educación Pública asignará los recursos económicos y humanos suficientes para ejecutar los programas de la educación nacional indígena. En igualdad de condiciones, se dará prioridad al personal indígena capacitado para ser nombrado en las plazas de maestros y profesores en esos centros de educación.

5) De acuerdo con los programas que se establezcan en coordinación con el Consejo directivo de cada territorio, el dominio del idioma respectivo será un criterio prioritario para nombrar a los maestros y profesores.

Artículo 22

El Ministerio de Educación Pública, mediante el Departamento de Educación Indígena, revisará y propondrá al Consejo Superior de Educación, los contenidos de los cursos de historia, estudios sociales y educación sobre el medio ambiente para colocar, en su justa dimensión, el aporte de las culturas indígenas a la cultura costarricense. Con tal propósito, estará obligado a mantener relación constante con las entidades culturales indígenas de cada territorio, en coordinación con los Consejos Directivos y el Ministerio de Cultura, juventud y Deportes.

Artículo 23

1) En los territorios indígenas, la enseñanza de la lengua indígena será obligatoria en las instituciones educativas preescolares, primaria y secundaria, así como en los programas de adultos.

2) Para ello, se dotará al docente de los instrumentos curriculares y pedagógicos adecuados.

3) El Departamento de Educación Indígena y las direcciones regionales crearán los mecanismos de programación, supervisión y evaluación adecuados, a fin de que la enseñanza bilingüe y pluricultural se imparta en las escuelas en coordinación con los Consejos directivos.

Artículo 24

En la ejecución de los planes y programas del Fondo Nacional de Becas, creado en la Ley Nº 7658, de 11 de febrero de 1997 y del FONAP, Ley N° 7667, de 9 de abril de 1997, deberán incorporarse para los estudiantes, programas específicos coordinados con el Consejo directivo de cada territorio, según las necesidades que estos determinen.

Artículo 57

1) En todas las jurisdicciones se aplicará el derecho ordinario; pero el Poder Judicial estará obligado a proporcionar, a las partes indígenas que no dominen el español, la traducción de los documentos utilizados en los procedimientos y la interpretación simultánea en los procesos orales.

2) Para tal efecto, en cualquier proceso será obligatorio notificar, de oficio, a la Defensoría Indígena correspondiente.

Article 4

Aux fins de la présente loi, les définitions suivantes s'appliquent:

a) Peuples autochtones: les communautés indigènes appartenant à la même culture, où se pratiquent les mêmes traditions et coutumes ou parlent les mêmes langues. Ces communautés maintiennent une continuité historique avec les sociétés précoloniales et sont déterminés à préserver, développer et transmettre aux générations futures leurs territoires ancestraux, sur la base de leur existence en tant que peuples, conformément à leurs propres modèles culturels, aux institutions sociales et systèmes juridiques. Les peuples indigènes sont les suivants: les Cabecar, les Bribri, les Brunca (ou Boruca) les Terrabas, les Guaymi, les Huetares (ou Pacacuas), les Guatusos (Malekus) et les Chorotegas, et chacun d'eux définit de manière autonome ce qui est considéré comme indigène.

b) Communautés indigènes : la population vivant sur un territoire prévu par la loi ou par décret exécutif. Chaque communauté autochtone est représentée dans territoire respectif.

c) Territoires indigènes : les zones géographiques traditionnellement occupées ou utilisées par les peuples indigènes décrits dans les décrets en vigueur, à savoir: Conté Burica, Guaymí de Coto Brus, Cabécar de Bajo Chirripó, Cabécar de Talamanca, Quitirrisí de Mora, Salitre de Buenos Aires, Cabécar de Tayní, Cabécar de Telire, Matambú, Këkölde de Talamanca, Cabagra de Buenos Aires, Malekus, Guaymí de Abrojo Montezuma, Guaymí de Osa, Boruca de Buenos Aires, Talamanca Bribrí, Cabécar de Chirripó, Zapatón de Puriscal, Curré de Buenos Aires et Nairi Awélé de Pacuarito, sans préjudice que dans l'avenir, par une loi ou par décret exécutif, il soit créé de nouveaux territoires indigènes.

d) Conseil d'administration du territoire: un organisme représentant les communautés juridiques indigènes avec la capacité d'exercer leurs droits et obligations. Les représentants sont élus par les habitants indigènes de chaque territoire, conformément aux termes de la présente loi. Les peuples indigènes peuvent créer sur leur territoire tout type d'organisation qu'ils désirent pour exercer leurs fonctions; ils peuvent également être régi par le droit coutumier ou toute autre forme d'organisation selon la législation en vigueur.

e) Institut national indigène : une entité coordonnatrice des conseils d'administration des territoires indigènes et tous les territoires indigènes.

Article 5

1) Les communautés indigènes peuvent exercer le droit de propriété sur tout leur territoire, lequel doit être enregistré au nom du Conseil dans le Registre public de la propriété. Les terres indigènes sont inaliénables, insaisissables, imprescriptibles et non transférables aux non-indigènes et doivent être habitées uniquement par des peuples indigènes.

2) L'Institut de développement agraire (IDA) dresse les plans cadastraux, lorsque cela est nécessaire, et informe les conseils indigènes pour mettre à jour l'enregistrement des terres dans les territoires indigènes.

3) Le droit des peuples indigènes est reconnu sur les sites à caractère cérémonial, d'intérêt spirituel et culturel ou médical de ces peuples, selon lesquels l'État ne peut les modifier sans le consentement préalable du Conseil d'administration du territoire.

4) Seuls les indigènes peut extraire des fruits ou des produits de leurs terres, tout en respectant l'environnement et en se conformant à l'ordre établi à cet effet au moyen d'un règlement.

Article 6

Si le Conseil d'administration du territoire détecte une situation d'invalidité en ce qui concerne un droit de possession, tel qu'il est prévu par la loi, il doit, en vertu de ses pouvoirs, inscrire toute action visant à ne pas reconnaître un tel droit de possession pour les personnes physiques ou morales.

Article 7

Afin de préserver le patrimoine archéologique, la recherche et l'exhumation des huacas [sépultures] indigènes dans les cimetières est interdite, sauf pour les explorations scientifiques autorisés par les institutions officielles. Dans tous les cas, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de la communauté indigène. La violation des dispositions du présent paragraphe est sanctionnée de poursuites pénales prévues aux articles 206 et 207 du Code pénal.

Article 8

1) Les institutions de l'État et les particuliers doivent respecter les normes et les coutumes indigènes à l'intérieur et à l'extérieur de chaque territoire. Les projets de développement en cours d'exécution dans les territoires indigènes doivent être gérées de manière durable.

2) Avant de définir la possibilité de démarrer un projet de développement dans un territoire indigènes, le Conseil d'administration du territoire doit consulter ceux qui y habitent. Avant le développement de la consultation interne, les intervenants doivent soumettre au Conseil susmentionné ou à l'entité du territoire désigné les études exigées par la législation correspondante.

3) La procédure étant terminée, le processus de consultation interne il sera organisé dans la communauté, en respectant la procédure prévue par le Conseil, ce qui doit garantir la participation des habitants indigènes du territoire et leur droit à l'information.

4) Le Conseil exécutif du territoire ne peut approuver de projet affectant la durabilité de l'environnement, la santé ou la culture des habitants du territoire. La violation de cette règle entraîne, pour toutes les personnes impliquées, la nullité absolue de l'acte et l'imputabilité correspondante.

Article 20

La Caisse costaricaine de sécurité sociale et le ministère de la Santé coordonnent avec le Conseil d'administration de chaque territoire l'assignation des ressources pour leurs programmes. Ces programmes doivent:

a) Former périodiquement le personnel assigné, tant en médecine curative que préventive, en fonction de l'adéquation des besoins de santé pour les peuples indigènes. Les mesures préventives doivent être une priorité pour la santé en général dans les territoires indigènes.

b) Faciliter l'accès des indigènes aux systèmes de formation en sciences et en techniques de la santé. À compétence égale, les indigènes d'origine ont la priorité dans les postes des services de santé dans les territoires indigènes où ils sont installés, afin de s'assurer qu'ils respectent l'obligation de parler la langue indigène de la région.

[...]

Article 21

1) Le Département de l'éducation indigène du ministère de l'Éducation publique est une unité chargée exclusivement de s'occuper de l'éducation indigène en ce qui concerne la promotion d'une amélioration de la qualité de l'enseignement dans les territoires indigènes; à cet effet, l'éducation doit baser le contenu de ses actions dans l'histoire, l'environnement, la culture et la langue indigènes.

2) Il incombe à la Direction de ce département, obligatoirement par droit, de désigner un professionnel indigène adéquat pour le poste, qui sera choisie parmi trois personnes présentées au ministère de l'Éducation par le conseil d'administration de chaque territoire. En recourant à la même procédure, le Pouvoir exécutif désigne un membre de plus au Conseil supérieur de l'éducation, pour qu'il veille à l'adoption des réformes pédagogiques appropriées, afin de fournir aux élèves des peuples indigènes une formation favorisant leur entière participation à leur propre communauté et à la communauté nationale.

3) En outre, le Département de l'éducation indigène a la responsabilité d'entraîner et de former les enseignants, les dirigeants communaux et les parents.

4) Dans le budget annuel, le ministère de l'Éducation publique alloue les ressources économiques et humaines suffisantes pour mettre en œuvre les programmes de l'éducation nationale indigène. Dans des conditions d'égalité des compétences, la priorité est accordé au personnel indigène formé pour combler les postes d'enseignants et de professeurs dans ces établissements d'enseignement.

5) En conformité avec les programmes établis en coordination avec le Conseil directeur de chaque territoire, la maîtrise de la langue respective demeure un critère prioritaire pour désigner les enseignants et les professeurs.

Article 22

Le ministère de l'Éducation publique, par le Département de l'éducation indigène, révise et propose au Conseil supérieur de l'éducation les contenus des cours d'histoire, d'études sociales et de l'éducation sur l'environnement afin de situer dans une juste perspective l'apport des cultures indigènes à la culture costaricaine. À cette fin, le Ministère est tenu de maintenir une relation constante avec les organismes culturels indigènes de chaque territoire, en coordination avec les conseils des directeurs et le ministère la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

Article 23

1) Dans les territoires indigènes, l'enseignement de la langue indigène est obligatoire dans les établissements éducatifs préscolaires, primaires et secondaires, ainsi que dans les programmes d’éducation aux adultes.

2) À cet effet, les enseignants sont dotés d’instruments pédagogiques et de programmes adéquats.

3) Le Département de l'éducation indigène et les directions régionales doivent prévoir des mécanismes de programmation, de supervision et d’évaluation adéquates, afin que l'enseignement bilingue et multiculturel soit dispensé dans les écoles en coordination avec les Conseils de direction.

Article 24

Dans la mise en œuvre des plans et programmes du Fonds national des bourses, créé par la loi no 7658 du 11 février 1997 et du FONAP, la loi no 7667 du 9 avril 1997, des programmes spécifiques coordonnés avec le conseil d'administration de chaque territoire doivent être prévus pour les élèves, selon les nécessités que ceux-ci déterminent.

Article 57

1) Dans toutes les juridictions, le droit ordinaire s'applique, mais le pouvoir judiciaire est tenu de fournir aux parties indigènes qui ne maîtrisent pas l'espagnol la traduction des documents utilisés dans la procédure et l'interprétation simultanée dans la procédure orale.

2) À cet effet, dans toute procédure, il est obligatoire de le faire connaître expressément d'office à la défense indigène concernée.

République du Costa Rica

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